Preocupación legislativa ante cierre definitivo de centros de referencia nacionales

La composición parlamentaria aprobó una resolución de Cámara donde expresa “su preocupación” ante el cierre de Centros de Referencia (CDR) de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que depende del ministerio de Capital Humano nacional. El documento legislativo, que fue presentado por la bancada del Partido Verde (PV) en la segunda sesión ordinaria del año, recuerda que se trata de 59 centros de los cuales uno funciona en Ushuaia.

La legisladora María Laura Colazo y el legislador Matías Lapadula señalan en el asunto Nº 096/24 que los CDR “son espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos del país, para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales”. En este sentido, recuerdan que en Argentina funcionan 59 centros, los que “serán cerrados en su totalidad”. Es oportuno recordar que estos espacios son integrados por equipos profesionales y que articulan con los gobiernos locales, organizaciones y movimientos sociales.

El propósito de la articulación busca “mejorar la calidad de vida de personas coordinando líneas de acción con el Ministerio de Desarrollo Social, ahora Capital Humano”

Detallan que, en caso de Tierra del Fuego, un CDR funciona en Ushuaia aunque su “labor territorial se extiende a toda la Provincia” en conjunto con “la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y con la exsecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)”. Prestan servicios un total de “trece trabajadores y trabajadoras que, día a día, acompañan a las fueguinas y fueguinos con diversas políticas nacionales en coordinación con la Provincia y los municipios”.

Al finalizar los fundamentos de la resolución, el PV subraya que esta medida “es arbitraria y afectaría los derechos de las personas vulnerables que dependen de estos Centros de Referencia para realizar reclamos o presentar situaciones que requieren resolución urgente”. En este sentido, ejemplifican en las personas que no cuentan con recursos tecnológicos o acceso al servicio de Internet.

Finalmente sentencian que es necesario “revisar esta decisión” y entienden que la determinación atenta contra el “federalismo y el principio de accesibilidad. No puede haber accesibilidad en línea sin redes e inversiones adecuadas, ni sin profesionales locales que puedan entender y analizar la realidad de cada región”.