El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para los días 10 y 11 de noviembre la audiencia para escuchar los argumentos en el caso que Argentina presentó contra el Reino Unido por la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
El 13 de octubre de 2026, Argentina presentó una solicitud ante el Tribunal para la prescripción de medidas provisionales contra el Reino Unido en virtud del artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en una “controversia relativa a la explotación de recursos de hidrocarburos en el Océano Atlántico Sudoccidental”.
El objetivo, según un comunicado de la Oficina del Presidente, es “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
Mediante la Orden 2026/10, de 20 de octubre de 2026 , el Presidente del Tribunal fijó los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como fechas para la vista.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) es un órgano judicial independiente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Tiene jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Convención, así como sobre todas las cuestiones específicamente previstas en cualquier otro acuerdo que le confiera jurisdicción. Las controversias relacionadas con la Convención pueden versar sobre la delimitación de zonas marítimas, la navegación, la conservación y gestión de los recursos vivos del mar, la protección y preservación del medio marino y la investigación científica marina. Y no tiene competencia para resolver disputas directas sobre la soberanía territorial de los Estados.
Es la primera vez que Argentina va al Tribunal del Mar para impedir la explotación unilateral de hidrocarburos. Solicita que impida al Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado proyecto ‘Sea Lion’ y se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de Argentina.
La delegación y el equipo jurídico que representan a la Argentina en Hamburgo, está integrados por María Ibarzabal Murphy (secretaria Legal y Técnica de la Presidencia), Mario Oyarzábal (embajador y titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería), Betina Pascuali (embajadora).
En tanto en el Equipo jurídico están Marcelo Kohen (profesor y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, especialista en derecho internacional), Nico Schrijver (profesor neerlandés, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, autoridad en soberanía de recursos naturales) y Agustín Giustiniani (profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra y experto en litigios marítimos).
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