La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) planteó objeciones sobre 5 puntos específicos del proyecto de reforma laboral.
La entidad pidió de manera “imperiosa” la eliminación de cinco artículos del proyecto, comprendidos entre el 126 y el 132. Según la entidad, esos puntos desvirtúan el objetivo original de la reforma y generan un escenario de imprevisibilidad, tanto para empleadores como para trabajadores.
El cuestionamiento recae sobre:
El artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a sus cláusulas normativas, excluyendo las obligacionales. Para la CAME, esta modificación entra en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, al debilitar la continuidad de acuerdos que hoy funcionan como contención de conflictos.
El artículo 128, que prohíbe los aportes obligatorios para las entidades empresarias, pero mantiene los de las organizaciones sindicales. Desde la entidad pyme sostienen que esta diferencia implica un trato inequitativo y discriminatorio, que podría debilitar la representación empresaria y romper el equilibrio entre las partes en la negociación colectiva.
Los artículos 130 y 131, que establecen la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad. A juicio de la CAME, esta modificación fragmentaría el marco normativo de las actividades económicas y habilitaría diferencias salariales difíciles de justificar, vulnerando el principio de igual remuneración por igual tarea.
Y el artículo 132, que faculta al Estado a suspender convenios colectivos por razones amplias como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Para la CAME, se trata de una discrecionalidad excesiva que suma incertidumbre al sistema laboral. Mientras el Gobierno busca aprobar la ley que llama “de Modernización Laboral” el próximo 11 de febrero en el Senado, las objeciones del sector pyme se suman a las presiones sindicales y a las preocupaciones de los gobernadores por el impacto fiscal de la iniciativa.
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