Villegas: “El derecho a la educación no puede estar sujeto a la discrecionalidad política ni a las decisiones de un gremio”

El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, cuestionó duramente al Gobierno provincial y al Ministro de Educación, Gustavo López Silva, por la inacción frente a las “desobligaciones” impulsadas por el gremio docente SUTEF, las cuales vienen afectando seriamente el dictado normal de clases en los establecimientos educativos de Tierra del Fuego.

A través de su cuenta en la red social X, Villegas publicó:

“Medio como que no encaja este nuevo slogan del gobierno de querer transformar la educación en TDF cuando es el SUTEF quien define cuándo nuestros pibes tienen o no tienen clases, ¿no?”

En la misma línea, sostuvo que antes de hablar de transformaciones estructurales en el sistema educativo, “lo básico y necesario es garantizar que haya clases, y así hacer efectivo el derecho humano, personal y social a aprender de cientos de niños y jóvenes fueguinos”.

El legislador reveló además que recibió una respuesta formal del Ministro López Silva, fechada el 18 de marzo de 2025, en la cual se admite que no se han realizado descuentos salariales a los docentes adheridos a las medidas de “desobligación” durante los años 2023 y 2024, y que la legalidad de dichas acciones gremiales debe ser dirimida por el Poder Judicial, según lo indicado por la propia Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo.

“La nota firmada por el ministro es la prueba definitiva de la complicidad o de la omisión del gobierno en adoptar las medidas legales correspondientes a fin de garantizar el derecho de aprender de cientos de fueguinos”, denunció Villegas.

Asimismo, remarcó que las “desobligaciones” no son otra cosa que medidas de fuerza ilegales que interrumpen la continuidad pedagógica y lesionan derechos esenciales de los estudiantes y sus familias.

“El tema pasa por no querer hacer lo que se debe hacer”, subrayó el legislador.

Finalmente, Villegas exhortó al Gobierno provincial a dejar de mirar para otro lado y actuar con firmeza para proteger el derecho a la educación, adoptando las medidas legales correspondientes y asegurando que las escuelas funcionen con normalidad.