Leticia Hernández se refirió al estado administrativo y legal que atraviesa el IPV luego del cambio de gobierno. Se descubrieron graves irregularidades en la adjudicación a particulares de viviendas de servicio. Denuncio entre varios casos a un ex funcionario del Canal Público a quien por carta documento le pidieron la casa, otros que residiendo fuera de la provincia mantenía sus pertenencias en la vivienda sin entregar la llave y al ex Jefe de Gabinete quien se le dejó a otra persona.
La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat se refirió a las irregularidades que se encontraron en el establecimiento que tiene a cargo. En ese sentido denuncio que “en Río Grande tenemos una situación de un ex funcionario del Canal Público, a quién se envió una carta a documento para pedirle la vivienda, también estuvo el ex Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, quien residió en una de las casas de servicio y la dejó a una persona a quien le armaron el expediente de adjudicación en una semana”.
Hernández desmintió que el Gobierno esté destinando casas para que vivan funcionarios asegurando que “se trata de viviendas de servicios” que se están otorgando a Ministerios para descentralizar ciertas funciones.
Por otra parte, la Presidenta del IPVyH aseguró que “cuando ocupamos el cargo en el mes de diciembre nos encontramos con 10 viviendas de servicio en la ciudad de Río Grande y 6 en la ciudad de Ushuaia” al mismo tiempo explicó que “descubrimos que esta casa de servicio que estuvo usufructuando en su momento Leonardo Gorbacz, está adjudicada a una persona a la que le armaron un legajo en una semana en el IPV de Río Grande”.
“Hay una jovencita de 23 años viviendo en esa casa, nosotros empezamos una investigación en el mes de enero en la ciudad de Río Grande, después nos vino a apoyar la Fiscalía de Estado que toma la denuncia de los seis empleados del IPV que está radicada en la ciudad de Ushuaia, pero nosotros en Río Grande ya habíamos comenzado esta investigación por irregularidades de ex funcionarios y personal propio del Instituto” agregó.
Asimismo, la funcionaria mencionó que existen varias casas de servicio que “costó mucho recuperar”, de ex funcionarios y trabajadores del Canal Público, del ex Secretario de Obras y Servicios Públicos que residiendo en Entre Ríos “mantenía sus pertenencias en la vivienda sin haber entregado la llave de la misma, también ex funcionarios del IPV que haciendo usufructo de una vivienda de servicios dejaron una familia instalada en forma totalmente irregular, pasando por alto la demanda general”.
Respecto a la entrega de viviendas de servicio a particulares, Hernández fue tajante y dijo “en los dos casos, no se pueden asignar las viviendas de servicio a vivienda particular. Esto se podría si estuvieran dentro de los parámetros, pero en estos dos casos no se puede; si el usufructo de servicio caducó en diciembre, y yo decido dárselo a la familia con antigüedad, con vulnerabilidad, que figure en el registro y esté en condiciones, ahí podría hacerse, pero no fue así”.
A su vez reconoció que se iban a “enviar pedidos de desalojo, pero en el contexto de pandemia no se puede solicitar ese procedimiento”, respecto a la vivienda usufructuada por Gorbacz.
Finalmente la Presidenta del IPVyH explicó cómo sigue el tema judicialmente y dijo que “en Ushuaia se solicita a la Fiscalía de Estado que intervenga con el área Legal y técnica del IPV” y celebró la actitud de los empleados del Instituto quienes radicaron la denuncia de irregularidades en la gestión anterior “es muy reconocible lo de los trabajadores del IPV que denunciaron las irregularidades en Ushuaia, y en Río Grande tuve gestionar las denuncias” concluyó.
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