Artistas, periodistas e intelectuales atacaron el manejo del Gobierno de la pandemia, cuestionaron las medidas de prevención. La carta "Por la vigencia de la Constitución y la democracia", firmada entre otros por Luis Brandoni, Maximiliano Guerra, Sandra Pitta, Santiago Kovadloff y Dario Loperfido, denuncia que el Gobierno avasalla derechos con argumentos infectológicos.
Los autores aseguran que “del discurso ultra cientificista de los primeros meses se pasó sin escala, pero con igual afán, a propagar relatos con incompleta y sesgada contrastación empírica o científica y hasta con datos erróneos destinados a mantener la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población”.
Además, sostuvieron que “el Gobierno muestra escasa pericia en el ámbito de las políticas sanitarias. El Gobierno avasalla derechos con argumentos infectológicos.
Es preciso acabar con el aprovechamiento de la cuarentena indefinida para avanzar en proyectos de impunidad personal y la concentración de poder de grupos políticos oficialistas. Es indispensable acabar con el uso ilegal del terror sanitario como herramienta para someter a la población”, agregaron.
Además, enumeraron una serie de reclamos, entre ellos: La derogación de la prórroga de la Ley de Emergencia 27.541, el funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad, la coordinación de las organizaciones de la sociedad civil, el cese inmediato de la criminalización de actividades lícitas y “el acoso de las fuerzas de seguridad a los ciudadanos, así como de las actitudes impúdicas de los responsables de la seguridad pública y sus peleas por espacios de poder y futuras candidaturas”.
Los autores incluso recordaron que “hace poco menos de tres meses, un grupo de ciudadanos hicimos pública una carta donde, entre varias cuestiones planteadas, utilizamos el neologismo ‘infectadura’ para definir las políticas del gobierno frente a la pandemia”.
“La carta tuvo una amplia difusión y fue duramente cuestionada por quienes la consideraron una exageración”, agregaron.
Sin embargo, consideraron que “el Gobierno avanzó con una agenda ajena al contexto que vivimos y disociada de la realidad”.
En ese sentido, los firmantes acusaron al Gobierno de “falta de empatía y sensibilidad” que llegó “a un límite imperdonable con quienes han muerto aislados y sin la despedida de sus familias , representados en el caso de Solange Musse y su padre”.
Del discurso ultra cientificista de los primeros meses se pasó sin escala, pero con igual afán, a propagar relatos con incompleta y sesgada contrastación empírica o científica y hasta con datos erróneos destinados a mantener la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población.
El presidente eligió romper cualquier posibilidad de acuerdo social para hacer frente a la pandemia, al impedir trabajar a quienes dependen de un ingreso para su sustento, y al intentar apoderarse de empresas privadas, mientras apunta a una reforma de la justicia totalmente extemporánea. El gobierno parece más preocupado por los casinos y el fútbol que por la educación de los chicos o las consecuencias de la liberación de delincuentes que hoy azotan a los ciudadanos. Más grave aún es el marco de indefensión jurídica en que el gobierno sumió a la sociedad.
Resulta difícil ennumerar en este breve espacio todos los casos de personas que han sido encarceladas, perseguidas, agredidas, perjudicadas y denunciadas en nombre de la salud pública y violentando garantías esenciales estipuladas por la Constitución Nacional. La falta de empatía y sensibilidad llegaron a un límite imperdonable con quienes han muerto aislados y sin la despedida de sus familias, representados en el caso de Solange Musse y su padre, mientras la desaparición de Facundo Astudillo Castro y las muertes de Luis Espinosa, Florencia Morales y muchos otros nos vuelven a tiempos oscuros de la historia. Por el bien de nuestra democracia todos los casos de violencia institucional deben esclarecerse por completo, y los responsables ser juzgados.
Queremos advertir que al mismo tiempo que el gobierno muestra escasa pericia en el ámbito de las políticas sanitarias, y sumerge al país en una crisis económica y social de magnitud desconocida, también ha incentivado a las distintas autoridades provinciales y municipales, y sus fuerzas de seguridad, para intervenir en forma inconstitucional, ilegal, arbitraria e imprevisible sobre los derechos de las personas. Es inédito para estos años de democracia el creciente número de víctimas que esta situación ha ocasionado y los sufrimientos que ha producido.
Los abajo firmantes rechazamos prácticas y discursos antidemocráticos, reforzamos nuestro compromiso con las garantías estipuladas por la Constitución Nacional y pedimos:
- La derogación de la prórroga de la Ley de Emergencia 27.541, de los decretos limitantes de derechos constitucionales dictados en el marco de la pandemia, y el retorno del Congreso a su funcionamiento normal poniendo fin a las sesiones virtuales.
- El funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad y que esté ampliamente disponible para actuar cuando las personas reclamen la defensa de sus derechos básicos.
- La coordinación de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las personas para colocar estos temas en el tope de la agenda pública y denunciar internacionalmente situaciones arbitrarias e ilegales.
- El cese inmediato de la criminalización de actividades lícitas y el acoso de las fuerzas de seguridad a los ciudadanos, así como de las actitudes impúdicas de los responsables de la seguridad pública y sus peleas por espacios de poder y futuras candidaturas.
Es preciso acabar con el aprovechamiento de la cuarentena indefinida para avanzar en proyectos de impunidad personal y la concentración de poder de grupos políticos oficialistas.
Es indispensable acabar con el uso ilegal del terror sanitario como herramienta para someter a la población.
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