"Seguimos exigiendo la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario"

El Gobierno nacional abrió la paritaria luego de 2 años y presentó una propuesta de actualización salarial. En ese marco se convinieron en acta general otros aspectos que refieren al presupuesto universitario. El CIN confirmó su acompañamiento al acuerdo salarial, aunque advirtió que la demanda judicial se mantiene hasta la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario en su totalidad.

Con la participación de la representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), todas las entidades gremiales legalmente reconocidas y su aval mayoritario, la actualización salarial quedó ratificada en reunión paritaria. Contempla un incremento de la masa salarial del 24.33 % dispuesto de la siguiente forma: un incremento del 21.33 % en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026; y del 3 % en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026. La paritaria volverá a reunirse el 15 de septiembre -y en adelante cada tres meses como máximo- y continuará la discusión salarial contemplando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de acuerdo con el INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024.

Al mismo tiempo, se dispuso un incremento del 20 % para los gastos de funcionamiento, del 50 % en las becas Manuel Belgrano y una partida adicional a la prevista en el presupuesto 2026 para los hospitales universitarios.

Esta actualización salarial y presupuestaria es un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente.

La reapertura de la paritaria y una actualización salarial no alcanzada hasta el momento por ningún sector son una conquista consecuencia del compromiso y la lucha de la comunidad universitaria, de lo que hemos construido en el ámbito público, legislativo y judicial, pero de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos.

Por eso, seguimos siendo consecuentes con nuestra posición: la respuesta estructural está en la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la demanda judicial se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva.

En defensa de las universidades públicas, sus trabajadores, sus estudiantes y de toda la sociedad argentina.