El legislador Jorge Lechman puso el foco en los denominados “011”, como se conoce a quienes viven en Buenos Aires y son nombrados por el Poder Ejecutivo. El Proyecto que busca impedir que el Ejecutivo designe, por cercanía o conveniencia política, a personas que nunca formaron parte de la vida cotidiana de la provincia, exige al menos 5 años continuos de residencia en Tierra del Fuego. La regulación también alcanzará a quienes ya se encuentren desempeñando esas funciones.
La Comisión Nº 1 de la Legislatura analizará este miércoles a las 11hs el proyecto presentado por Lechman para regular la designación de quienes representen a Tierra del Fuego ante organismos nacionales o cumplan funciones provinciales en otras jurisdicciones.
El asunto 056/2026 establece requisitos de edad, ciudadanía, residencia y pertenencia electoral para acceder a esos cargos. También dispone que cada nombramiento realizado por el Poder Ejecutivo deberá obtener previamente el acuerdo de la Legislatura.
Lechman cuestionó las designaciones de los denominados “011”, una expresión utilizada para identificar a personas que viven en Buenos Aires y son nombradas para gestionar o hablar en nombre de Tierra del Fuego sin conocer de manera directa su realidad.
El término surge del código telefónico de Buenos Aires y se utiliza desde hace años para referirse a funcionarios que no residen en la provincia, pero ocupan cargos desde los cuales deben defender sus intereses.
La propuesta no cuestiona el lugar de nacimiento de los postulantes. Una persona nacida en otra provincia podrá acceder al cargo siempre que cumpla con las condiciones previstas y acredite un vínculo real con Tierra del Fuego.
“No cualquiera puede representar a los fueguinos, y mucho menos alguien que no vive en Tierra del Fuego ni conoce nuestra idiosincrasia. Es una falta de respeto”, sostuvo Lechman.
El proyecto establece que los candidatos deberán tener al menos 25 años, ser argentinos nativos, por opción o naturalizados con diez años de ciudadanía, acreditar cinco años continuos de residencia inmediata en la provincia y estar inscriptos como electores de Tierra del Fuego.
Antes de formalizar cada nombramiento, el Gobierno deberá remitir los antecedentes del candidato a la Legislatura y obtener el correspondiente acuerdo parlamentario. De aprobarse el proyecto, esas designaciones dejarán de depender exclusivamente de la decisión del Poder Ejecutivo.
La regulación también alcanzará a quienes ya se encuentren desempeñando esas funciones. Tendrán un plazo de 30 días para presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.
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