Puerto de Ushuaia: “No hay ninguna intervención. Eso fue algo que surgió en Tierra del Fuego”

Desmintieron publicaciones que informaban de la intervención del Puerto de Ushuaia por 12 meses. “Las versiones publicadas no se sustentan en actos administrativos formalizados, ni en comunicaciones oficiales que den cuenta de una medida de esa naturaleza”. "No se dictó ningún acto administrativo que implique una intervención, ni se designaron interventores". Lo que hay es un procedimiento administrativo de supervisión y requerimiento de información."

La información comenzó a circular durante la última semana de diciembre. Sin embargo, tras averiguaciones con fuentes técnicas e institucionales, GlobalPorts pudo confirmar que esa información no es correcta y que no existe, al momento, una intervención administrativa del Puerto de Ushuaia en los términos difundidos por los medios provinciales.

Globalports, empresa multimedios y consultora del sector portuario, marítimo y logístico, aclaró que las versiones publicadas no se sustentan en actos administrativos formalizados, ni en comunicaciones oficiales que den cuenta de una medida de esa naturaleza. Verificando  que no se ha dispuesto una intervención del puerto, ni se ha modificado el esquema de conducción institucional de la terminal fueguina.

En los últimos días circularon versiones que afirmaban que el Gobierno nacional había intervenido el Puerto de Ushuaia por un período de 12 meses con el objetivo de normalizar aspectos vinculados a la seguridad y la infraestructura operativa.

Sin embargo, ante la consulta de Argenports.com y pese a la información difundida por varios medios fueguinos, desde el propio ámbito nacional vinculado al sistema portuario rechazaron esa interpretación y aclararon que no existe ninguna intervención formal. “No vemos necesario salir a desmentir algo que jamás existió”, señalaron.

De acuerdo con las precisiones brindadas, no se dictó ningún acto administrativo que implique una intervención, ni se designaron interventores, ni se produjo el desplazamiento de autoridades locales. Tampoco hubo una asunción de la gestión por parte del Estado nacional ni modificaciones en el esquema de conducción del puerto.

Lo que sí se activó, según explicaron, fue un procedimiento administrativo de supervisión y requerimiento de información, una herramienta habitual dentro del sistema portuario argentino cuando la autoridad de aplicación detecta la necesidad de ordenar documentación, actualizar registros o verificar el cumplimiento de determinados requisitos técnicos. Ese tipo de acciones no altera la gobernanza del puerto ni su operatoria cotidiana.

La difusión de versiones sobre una supuesta intervención fue algo que surgió en Tierra del Fuego.  “Está lo que se venía trabajando. La presentación de una cámara empresaria, la presentación de un gremio, el viaje que hizo una delegación de la ANPYN y que encontró una serie de inconsistencias.

“También –agregaron las fuentes, hay un informe de respuesta de la Dirección Provincial de Puertos que reconoce esas falencias y otros intercambios administrativos, pero no hay ninguna intervención. Eso fue algo que surgió en Tierra del Fuego”

En ese contexto, se considera relevante diferenciar claramente entre observaciones administrativas en curso y medidas de intervención formal, evitando interpretaciones que puedan generar confusión en el sector, entre los operadores y en la comunidad portuaria.

Fuente  GlobalPorts