El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión se da en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Francisco Adorni. Sospechan que habría omitido información en sus declaraciones juradas.
El fiscal señaló que Adorni es “un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas", “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación". Destacó: " Por el contrario, los elementos mencionados nos muestran que nos hallamos frente a un experto en la materia".
La investigación a cargo del juez Sebastián Casanello, se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario tras su desembarco en la administración nacional con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Durante la investigación, Francisco Adorni presentó diversas rectificaciones de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrpución (OA).
Entre los cambios más relevantes aparecen:
Una herencia de $21 millones que no figuraba en las presentaciones originales
Un inmueble ubicado en City Bell
Nuevas cuentas bancarias en pesos y dólares
Tarjetas de crédito omitidas inicialmente
Dinero en efectivo declarado con posterioridad
Modificaciones en la valuación de distintos bienes
También se corrigieron datos vinculados con un crédito hipotecario del Banco Provincia. En una de las rectificaciones iniciales parecía surgir que el préstamo había sido cancelado.
El inmueble de City Bell se declaró inicialmente con un valor de $77.580.000, después ajustado a $130 millones y luego a $105 millones. Los bienes declarados originalmente sufrieron “ajustes” en cada rectificación, reduciéndose los valores en torno al 10-20 % respecto a la primera versión.
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