Para vicegobernadores del Norte Grande el fallo de la Corte "profundiza desequilibrios y asimetrías"

Los vicegobernadores de las provincias del Norte Grande Argentino expresaron hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables profundiza "los desequilibrios y asimetrías" en el país.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

La decisión fue firmada ayer por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación no lograran ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida a la Ciudad en 2016.

“Esa ley que, a partir de ahora queda injustamente suspendida, corregía una concesión arbitraria y desproporcionada de recursos que el gobierno de Mauricio Macri hizo en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un decreto y en perjuicio del resto del país”, indicaron los vicegobernadores del Norte Grande en un comunicado de prensa.

Firman el comunicado los vicegobernadores Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), María Florencia López (La Rioja), Analía Rach Quiroga (Chaco), Rubén Dusso (Catamarca), Sergio Mansilla (Tucumán), Eber Solís (Formosa), Carlos Haquim (Jujuy) y Antonio Marocco (Salta).

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, de manera tal que el fallo dictado lesiona profundamente la forma de gobierno federal contenida en nuestra Carta Magna y las normas que regulan la coparticipación entre la Nación y las provincias”, agregaron.

En ese sentido, sostuvieron que como “representantes de las provincias no admitimos más este atropello que intenta despojarnos de nuestros fondos para asignarlos injustamente al territorio más rico de la Argentina, profundizando así los desequilibrios y asimetrías”.

“Además de la gravedad de la medida, por lo injusta, nos afecta que el máximo tribunal se arroje atribuciones que no les son propias, desconociendo las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, las decisiones dispuestas por el señor Presidente y la Comisión Federal de Impuestos, inmiscuyéndose en cuestiones políticas no justiciables”, concluyen.