El ministerio de Capital Humano suma nuevas denuncias, piden que se investigue una supuesta “malversación de caudales públicos, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta y asociación ilícita”.
El abogado que efectuó la presentación, tras haber tomado conocimiento de pudiera existir una presunta comisión de delitos en la órbita del Ministerio de Capital Humano, precisamente en la Secretaria de la Niñez, se refirió al mecanismo sobre las formas en las que funcionarios de la referida cartera distribuyen fondos destinados al pago de contratos para “profesionales” a través de convenios con reconocidos organismos internacionales.
Advirtió de “una planilla de Excel donde figuran pagos a un listado de «contratados» que -de acuerdo a lo que explican quienes conocen los mecanismos- facturan a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con fondos públicos, para cumplir tareas en el marco de un convenio entre la administración pública nacional y el organismo, pone en evidencia el poco transparente mecanismo de distribución de esos recursos”.
La denuncia apunta a Pablo de la Torre, Federico Fernández, Esteban Bosch, Héctor Calvente, Fernando De La Cruz Molina Pico, Gonzalo Avetrani, Santiago Anziano, Maria Luisa Irigoyen, Nicole Tatschke, “y/o cualquier otra persona que pudiera surgir de esta pesquisa”.
La maniobra incluiría la contratación de presuntos profesionales sin relación con las áreas de competencia de la cartera social; una retención de entre 10 y 12 % de los montos percibidos cuyo significado y destino se desconocen; y una “bolsa neta” y una “cajita”, con pesos que se convierten en dólares.
La bomba estalló cuando Data Clave expuso uno de los engranajes armados dentro del Ministerio de Capital Humano, a través de un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para desarrollar un programa que requería la contratación de 18 personas. Al ser consultados los funcionarios del área de comunicación, directamente aseguraron “no tener idea de la existencia, ni conocer a ninguno de los integrantes de la lista”.
Todos ellos facturarían montos mensuales que oscilan entre 600.000 y 1.400.000 pesos y ese registro consta en el citado cuadro, guardado en un archivo denominado “Plan 120 (FF)”, supuestamente según establecen las notas se trataría de Federico Fernández, ex director de Niñez. Ese mecanismo dejaría una recaudación espuria de u$s 120.000 al año.
La justicia tiene abiertas investigaciones en distintos juzgados por la falta de entrega de esos alimentos guardados en los galpones, y otra por distintas irregularidades promovida por la propia cartera ante la Oficina Anticorrupción ante las revelaciones sobre un convenio se había hecho con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
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