El Gobierno nacional definió los integrantes del consejo asesor de expertos a quienes encomendará el diseño de propuestas para reformar la justicia. Entre los 11 juristas se encuentra la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales y jueza de Tierra del Fuego María del Carmen Battaini.
Nación confirmó la constitución de la comisión de juristas que asesorará al Gobierno durante al menos dos meses para establecer modificaciones estructurales en el sistema judicial argentino, informaron fuentes judiciales.
El comité de expertos estará compuesto por el penalista y profesor Alberto Beraldi, abogado de Cristina Fernández, la jueza del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, que fue la candidata que el ex presidente Mauricio Macri había postulado para estar al frente de la Procuración General. También estará, desde España, donde vive, el profesor de derecho penal Enrique Bacigalupo.
Fueron convocados los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez yGustavo Ferreyra, el penalista, ex ministro y ex camarista del Juicio a las Juntas León Arslanian, la jurista Marisa Herrera, que se especializa en derecho de familia y participó de la reforma del Código Civil, Hilda Kogan, de la Corte bonaerense, Claudia Sbdar, de la Corte tucumana y María del Carmen Battaini, del superior tribunal de Tierra del Fuego y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JuFeJus) y un miembro de la Corte mendocina, Omar Palermo.
El propio presidente Alberto Fernández, quien está al frente del diseño de la reforma, mantuvo contactos en las últimas horas con varios de los postulados para esa comisión.
Una de las conversaciones fue con la jueza Weinberg, que se desarrolló en un tono "cálido y amable" y en la que el primer mandatario le ratificó el ofrecimiento. La comunicación tuvo el dato adicional favorable de que ambos se conocen desde hace bastante tiempo y "son profesores de la UBA", dijeron a Télam las fuentes vinculadas a la Justicia.
Fernàndez analiza los cambios proyectados por el Gobierno junto a funcionarios relacionados con el tema, como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
La propuesta, que llegaría al Senado pasado mañana, miércoles, incluiría esa nómina de juristas de diversas tendencias políticas que se encargará de estudiar las modificaciones estructurales y normativas para los tribunales.
De acuerdo con lo trascendido hasta ahora, se duplicarían los juzgados federales a raíz de la nueva composición de lo que se llamaría fuero Federal Penal por el plan de fusión de los tribunales criminales con los penales económicos.
En principio se buscará que pasen sin problemas por el Congreso los puntos menos conflictivos, como esa unión de fueros, por lo que quedaría fuera de este primer debate el tema de una eventual reforma en la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además, con el fin de que esta primera etapa se cumpla rápidamente, el proyecto ingresará por el Senado, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar sus iniciativas, incluyendo a aliados provinciales, dijeron las fuentes.
Otro de los puntos que incluirá el proyecto será el impulso para generalizar el sistema acusatorio (a través de los fiscales) y de los juicios por jurados, esquemas que se aplican solo en algunas provincias.
Otro aspecto del proyecto será la constitución de una comisión de juristas destacados para avanzar con reformas de fondo, en la que estarían el abogado Carlos Beraldi, el excamarista León Arslanián, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia porteño, Inés Weinberg, y la ministra de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan.
Sobre este consejo de asesores, Fernández había dicho que funcionará durante 60 días y tendrá "mucha pluralidad y mucha seriedad académica".
También dijo durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que "nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos".
Y que ello "impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho".
Allí había anticipado la puesta en marcha de un "fuero federal penal" que dote de mayor agilidad y eficacia a los tribunales, especialmente los que tratan temas sensibles y complejos como la corrupción y el narcotráfico.
En el Senado la comisión de Justicia y Asuntos Penales está presidida por el exsecretario General de la Presidencia y extitular de la AFI, Oscar Parrilli, quien hoy dijo a Télam Radio que hay una "necesidad" de una reforma judicial integral para terminar con los "sótanos de la democracia".
"Los sótanos de la democracia son esta connivencia que existía entre los organismos de inteligencia, medios de comunicación, algunos jueces y fiscales, funcionarios del Poder Ejecutivo, que habían establecido todo un sistema de espionaje político", remarcó.
Y la reforma, sostuvo, debe garantizar que "los fallos de los jueces estén inspirados en la Constitución, en la ley y en las pruebas que tengan".
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