Liberaron a 11 de los 16 que quedaban detenidos por la represión del Congreso, confirmó el CELS en sus redes sociales. “Más allá del alivio por estas liberaciones, el daño ya realizado es inmenso, para quienes estuvieron en prisión, para sus afectos y también por la amenaza que supone para cualquiera que quiera manifestar sus críticas al oficialismo”, expresaron.
La jueza federal María Romilda Servini ordenó ayer martes la excarcelación por “falta de mérito” de otros 11 detenidos por protestar contra la Ley Bases.
En la resolución judicial, Servini explicó caso por caso los motivos por los que resolvió la excarcelación. Por ejemplo, citó la situación de Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez Oliva, Sofia Belén Ottogali, Nicolás Daniel Mayorga y Sasha Jazmin Lyardet, a quienes acusaron de formar parte de “un grupo de encapuchados que tiraban piedras”. Sin embargo, la jueza aclaró, “No se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa -máscaras, ondas, piedras, palos, etc-. A consecuencia de ello, de momento, no se poseen registros fílmicos de los hechos, ni se produjo el secuestro de objeto alguno que acredite los hechos”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó en sus redes sociales: “La resolución de la jueza Servini confirma que las detenciones de quienes protestaban contra la Ley Bases fueron al voleo y que el fiscal inventó un intento golpe de Estado a medida de los intereses del gobierno nacional. Más allá del alivio por estas liberaciones, las causas siguen abiertas y el daño ya realizado es inmenso: para quienes estuvieron en prisión, para sus afectos y también por la amenaza que supone para cualquiera que quiera manifestar sus críticas al oficialismo”. También publicó un mensaje en Twitter la abogada y reciente ex diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad Myriam Bregman: «¡Decime que no nos sirve luchar! Once liberados más, nos vamos a parar».
Quedan detenidos Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. Para justificar esta decisión, la Justicia se amparó en declaraciones de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad y en las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Congreso.
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