La propuesta del senador salteño, Sergio Leavy, sanciona a los funcionarios públicos, ciudadanos y medios de difusión que nieguen o cuestionen las desapariciones, muertes y torturas producidas durante la última dictadura militar.
La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, acompañó junto a sus pares un proyecto de ley del senador salteño, Sergio Leavy, que impone sanciones y penas para funcionarios públicos, ciudadanos y medios de difusión que nieguen o cuestionen que las desapariciones, muertes y torturas producidas durante la última dictadura militar no fueron un acto de violación de los derechos humanos, con un grado de planificación y coordinación estatal que los constituye en delitos de Lesa Humanidad. El proyecto de Ley crea un Marco Regulatorio de Protección contra el Negacionismo.
“Hay que ponerle un límite a las provocaciones del presidente Milei y su reivindicación de la última dictadura. Todas las fuerzas políticas debemos tener un gran acuerdo contra el negacionismo. Memoria, verdad y justicia son valores de nuestra democracia”, expresó la representante fueguina en la Cámara Alta.
La propuesta apunta a que nuestro país esté en consonancia con la legislación internacional que tipifica el negacionismo como delito e incorpora al Código Penal “penas de prisión de un mes a un año e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de cinco años, al funcionario público que realice toda acción u omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio, declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado realizados durante la última dictadura argentina”.
En cuanto a la difusión de estos mensajes se enfoca en los particulares y en los medios de comunicación, estipulando “prisión de un mes a un año y multa a quien difunda y/o reproduzca por cualquier medio las expresiones” en este sentido y estableciendo sanciones por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) “a las empresas de medios audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, que difundan o reproduzca expresiones tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, y actos de terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina”.
Además, se establecen capacitaciones obligatorias en la temática de Derechos Humanos para todos lo que se desempeñen laboralmente en los poderes y organismos del Estado.
Acompañaron también el proyecto de ley a propuesta (S-442/24), impulsada por Lucía Corpacci, Inés Pilatti Vergara, Nora Giménez, Silvina García Larraburu, José Neder, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Gerardo Montenegro, Teresa González y Fernando Rejal.
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