Tras el aval de la Corte Suprema de Estados Unidos en enero, la jueza Loretta Preska aprobó la incautación de USD 210 millones en el marco del juicio por reclamos de tenedores de bonos que quedaron en default, tras la crisis económica del 2001.
El embargo se aplicará sobre activos identificados como parte del colateral de los Bonos Brady, garantizando que dichos fondos sean transferidos al fondo Attestor Master.
Este embargo tiene relación con el juicio por la deuda soberana que, tras la crisis económica del 2001 en Argentina, ingresó en default. Además, la jueza tomó la determinación de congelar otros 100 millones de dólares "hasta que otros dos grupos de acreedores culminen con la disputa".
La victoria obtenida ahora se suma a otras que habían tenido los holdouts en instancias previas, en la que el país había sido obligado a entregar títulos que se usaron como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos a principios de 1990.
Este fallo autoriza el embargo de activos estatales, intensificando la lucha legal iniciada tras el colapso económico de hace más de dos décadas.
Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Fernández ) y 2016 (Mauricio Macri).
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