La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) rechazó la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno Nacional y calificó la medida “Sin precedentes, que quedará en la historia como uno de los mayores agravios de un gobierno federal contra la autonomía de una provincia”.
Desde la organización sindical señalaron que la decisión afectó el normal funcionamiento del principal puerto de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y uno de los centros estratégicos para el arribo de cruceros internacionales. Según denunciaron, durante la mañana solo pudieron ingresar 22 trabajadores, se desplazó al personal de seguridad y se designó de manera verbal a un nuevo gerente general.
A través de un comunicado, la organización sindical aseguró que “este hecho, sin precedentes, que quedará en la historia como uno de los mayores agravios de un gobierno federal contra la autonomía de una provincia, nos obliga a expresar nuestro más profundo repudio político a la medida adoptada, nuestro rechazo al trato agraviante sufrido por las y los trabajadores del Puerto de Ushuaia”.
Asimismo, APDFA se sumó “a la preocupación de las empresas y operadores portuarios por el futuro de su actividad y advertimos al conjunto de las terminales portuarias del país que quedan sujetas a la arbitrariedad de funcionarios que pretenden avanzar discrecionalmente sobre la gestión y administración de los puertos”.
Explican que “la medida adoptada contra Ushuaia no afecta únicamente al puerto más austral del mundo y uno de los principales centros de operación de cruceros internacionales, que hasta hoy funcionaba con normalidad, sino que constituye un llamado de atención para todas las provincias con puertos marítimos y fluviales, que quedan expuestas a resoluciones de organismos nacionales de cuarta categoría que pueden obstruir su gestión y vulnerar su autonomía”.
Ante esta situación, APDFA ratificó su «absoluto rechazo a la ‘suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia otorgada por Decreto N.º 2404/2002, por el término de doce meses, prorrogables por acto fundado, conforme lo dispuesto por el inciso a) del artículo 23 del Decreto N.º 769/1993’, dispuesta mediante la Resolución N.º 04-APN-ANPYN-2026, suscripta por el Dr. Iñaki Arreseygor en el día de ayer, y ponemos a disposición de las autoridades provinciales nuestras capacidades institucionales, técnicas y legales para actuar en consecuencia”.
En este contexto, la organización sindical hizo un llamado a las autoridades portuarias provinciales y municipales, así como a los representantes de los puertos privados y a las organizaciones sindicales con actuación en el ámbito portuario y a la comunidad «a expresar su rechazo a esta medida y a defender el Sistema Portuario Nacional por encima de las arbitrariedades de los gobiernos de turno».
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