La justicia ordenó al Estado y al Banco de la Nación abstenerse de avanzar en la implementación de la reforma impulsada por el gobierno.
La justicia dictó una resolución que frena la ejecución del decreto presidencial que buscaba convertir al Banco Nación en una Sociedad Anónima.
La resolución que suspende provisionalmente los efectos del DNU 116/25, instruye al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina a abstenerse de tomar cualquier medida relacionada con la implementación de esta transformación.
Además de suspender la justicia ordenó una investigación para determinar si existe un “interés público comprometido” por la medida tomada por el presidente.
El magistrado indicó que la transformación del Banco Nación no puede llevarse a cabo mediante un decreto, ya que esa decisión solo puede realizarse a través de una ley formal aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo Nacional.
El juez subrayó que la modificación del estatus jurídico del Banco Nación solo puede realizarse mediante una ley del Congreso, y no por un acto del Poder Ejecutivo.
En relación con el decreto, el juez argumentó que este profundiza la amenaza de privatización que se había denunciado, ya que constituye un paso decisivo hacia la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima. Esto significaría la pérdida de su carácter de ente autárquico del Estado, lo que traería consigo consecuencias jurídicas, económicas y sociales significativas.
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