El gobierno nacional amplió las facultades de la Policía Federal Argentina (PFA) que podrá, entre otras cosas realizar requisas a personas y en vehículos y arrestos, sin intervención previa de la Justicia.
Este martes, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich participarán de un evento en la sede del Cuerpo de Policía Montada en el que anunciarán la flamante estructura de la Policía Federal Argentina (PFA).
Las modificaciones en la estructura de la fuerza fueron impulsadas por el Ministerio de Seguridad y oficializadas en el Decreto 383/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En la normativa se destacan una serie de modificaciones a partir de las cuales se busca “reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos”.
La disposición establece la creación de un Programa Presupuestario de “Modernización de la Policía Federal Argentina”, que estará a cargo del Ministerio de Seguridad. Este programa estará destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas.
Bullrich deberá crear un programa de ingreso y formación de universitarios ya graduados, una práctica que “es común en policías de investigación de otros países, y en algunos casos es un requisito excluyente, como por ejemplo en el ‘Federal Bureau of Investigation’ FBI) de los Estados Unidos”, según especifica la medida.
Entre los “objetivos estratégicos” del nuevo estatuto de la Policía Federal y el proceso de reforma y modernización de la fuerza, se encuentran “actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión.
Según se desprende del nuevo "Estatuto de la Policía Federal Argentina" los efectivos podrán "tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal. A su vez, podrá solicitar el acceso a bases privadas. En ambos casos, deberán cumplir con la normativa de protección de datos personales".
Podrán "realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente. Estas tareas de prevención del delito deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas".
También se le permitirá realizar detenciones sin necesidad de intervención judicial cuando haya elementos suficientes que “hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo”.
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