Por la deuda de coparticipación y falta de previsibilidad el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Financiera en la ciudad de Ushuaia por el plazo de seis meses.
En ese marco, desde el Ejecutivo advirtieron que las demoras en la remisión de fondos al Municipio por parte del Gobierno provincial superan los 12 mil millones de pesos, lo que afecta directamente la liquidez y la previsibilidad financiera.
El proyecto prevé dotar a la Municipalidad de herramientas excepcionales para afrontar la situación financiera actual y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. En ese contexto, se establece la posibilidad de renegociar, adecuar o rescindir contratos y concesiones vigentes; implementar mecanismos de consolidación y refinanciación de deudas con proveedores; y reestructurar partidas.
Asimismo, habilita al Ejecutivo a gestionar nuevas fuentes de financiamiento, y a readecuar el presupuesto vigente en función del escenario económico. También contempla la suspensión de nuevas incorporaciones de personal, salvo en áreas esenciales debidamente justificadas.
El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, sostuvo que "la medida responde a una situación económica y financiera excepcional, enmarcada en un contexto macroeconómico adverso que impacta directamente sobre la actividad local, la recaudación y la capacidad de gestión del Estado".
En ese sentido, advirtió que "los ingresos por coparticipación registraron una caída nominal del 5% en enero de 2026 respecto al mismo período del año anterior, lo que representa una pérdida real cercana al 38% del poder de financiamiento", y remarcó "la necesidad de contar con una ley de goteo que garantice la llegada de los recursos en tiempo y forma a las arcas comunales". Además, señaló que "actualmente esos fondos están ingresando con una demora de alrededor de 40 días, de manera inexplicable".
El escenario se completa con una fuerte retracción del consumo, caída de la actividad económica, pérdida del poder adquisitivo y un desfasaje entre las variables previstas en el presupuesto y la evolución real de la economía.
En ese contexto, Iriarte afirmó que "la declaración de la emergencia constituye una herramienta necesaria para sostener el funcionamiento del Estado municipal, preservar el empleo y acompañar a la comunidad frente a un escenario de creciente complejidad económica y social".
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