El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional"

La iniciativa que ingresó por Diputados endurece las penas por la explotación no autorizada de recursos en Malvinas y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

El Gobierno envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional".  La iniciativa endurece las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sin autorización de la República Argentina.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se estructura sobre tres pilares: castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas.

El texto que ingresó a la Cámara de Diputados durante la madrugada de este jueves, tiene como  objetivo ampliar las herramientas estatales para defender la soberanía y coordinar las áreas vinculadas con Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía.

Uno de los principales cambios apunta a modificar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones para las empresas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. El nuevo esquema alcanzaría no solo a las compañías operadoras, sino también a accionistas, directivos y proveedores involucrados.

Las sanciones previstas incluyen multas, inhabilitaciones y restricciones para desarrollar actividades económicas o contratar en el país. El proyecto también contempla la posibilidad de revocar permisos, concesiones y beneficios fiscales o financieros vinculados con los infractores.

Además, la iniciativa incorpora modificaciones penales para determinadas actividades de exploración y explotación de recursos no renovables en el mar territorial y la plataforma continental argentina.

La norma también propone fundar el Consejo de Seguridad Nacional para articular políticas de manera transversal entre las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con el objetivo de proteger los recursos e infraestructuras estratégicas.