Denuncian que la intervención del Puerto de Ushuaia es una excusa para quedarse con una caja millonaria

Un informe en C5N cuestionó la intervención dispuesta por el gobierno de Milei del Puerto de Ushuaia . “Una excusa del Gobierno para quedarse con una caja millonaria”, planteó y cuestionó el destino de los fondos y las contrataciones realizadas.

En informe periodístico realizado por la periodista Felicitas Bonavitta para C5N, expuso cómo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación se apropió de una terminal clave mientras el Ejecutivo federal administra una caja anual estimada en 22.000 millones de pesos que le pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno de Javier Milei el pasado 20 de enero, bajo el argumento de supuestas irregularidades financieras y estructurales, sigue alimentando un clima de opacidad y tensión institucional en torno a una terminal clave del extremo sur argentino.

“El Gobierno nacional, que les revolea a las provincias que se hagan cargo de su Salud, su Educación, sus rutas, en este caso se manotea un puerto que es de una provincia”, analizó la periodista Felicitas Bonavitta al describir el impacto político y económico de la medida sobre Tierra del Fuego.

Ubicado de forma estratégica sobre el Canal de Beagle y a unos 700 kilómetros de las Islas Malvinas, el Puerto de Ushuaia es señalado como la puerta de ingreso fundamental a la Antártida y un paso bioceánico que recibe alrededor de 700 buques y 250.000 turistas por año, lo que refuerza su peso geopolítico y comercial.

Tras el desembarco del interventor Fernando Ariel Polici —cuestionado por sus antecedentes en el PAMI fueguino— y del director nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, vinculado al grupo Mirgor, el conflicto se trasladó al plano social y laboral.

Actualmente, 140 trabajadores permanecen desplazados de sus puestos y aguardan una definición judicial que determine si podrán regresar a sus tareas en la terminal portuaria.

En paralelo, la intervención del Puerto de Ushuaia quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de servicios, con contratos que habrían registrado incrementos abruptos en muy poco tiempo.

Uno de los casos más llamativos es el del servicio de limpieza portuaria, que según la investigación pasó de 6,5 millones de pesos a 563 millones en apenas un semestre, un salto presupuestario que alimenta las denuncias por desvío de fondos y negocios millonarios.

El foco también se posa sobre los intereses comerciales que rodean la centralización del Puerto de Ushuaia, con la aparición de proyectos vinculados a empresarios cercanos al poder central.

Entre los nombres que aparecen durante el informe se mencionan a Nicolás Caputo y Gustavo Elías, señalados como potenciales beneficiarios de nuevos negocios asociados a la administración y explotación del enclave portuario.