Diputados nacionales realizaron un reclamo formal contra el Ministerio de Economía por la presunta “retención indebida” de recursos con asignación específica para el mantenimiento de la red vial. El monto supera los $1,1 billones, provenientes del Impuesto a los Combustibles. Denuncian que el superávit fiscal nacional se basa en el incumplimiento de estos pagos y en la acumulación de deudas.
Los Diputados denunciaron que el deterioro creciente de las rutas en todo el país está directamente vinculado a la retención de fondos que, por ley, debían destinarse a infraestructura vial.
Acusan al ministro de Economía, Luis Caputo de no transferir el 28,58% de lo recaudado por ese tributo al Sistema Vial Integrado (Sisvial), tal como establece la ley 23.966. Esos recursos de destino específico son para el mantenimiento y mejora de las rutas nacionales.
De acuerdo con los datos relevados, la recaudación del impuesto tuvo un fuerte crecimiento desde la asunción del presidente Milei. Entre 2023 y 2024 aumentó un 378%, mientras que en 2025 volvió a incrementarse un 92%. Sin embargo, los montos que debían girarse al sistema vial no habrían sido transferidos en su totalidad.
Según el relevamiento presentado por los legisladores, desde 2024 hasta el primer bimestre de 2026 se habrían retenido $1.165.491.000.000. La cifra incluye más de $354 mil millones en 2024, cerca de $682 mil millones en 2025 y unos $122 mil millones en lo que va de 2026.
“El problema es especialmente grave porque no se trata de fondos de libre disponibilidad”, advirtieron desde el bloque opositor, al tiempo que denunciaron una “subejecución inadmisible” frente al deterioro visible de la red vial.
El diputado entrerriano Guillermo Michel, uno de los firmantes del informe, advirtió que la situación de las rutas “no se sostiene más” y cuestionó la falta de respuestas por parte del Ministerio de Economía ante los pedidos de informes realizados desde el Congreso. En provincias como Entre Ríos, el deterioro de la red vial ya genera fuertes reclamos de vecinos e intendentes.
Según los legisladores, esta retención de fondos podría constituir un incumplimiento legal que eventualmente termine judicializado en la Corte Suprema. También sostienen que el superávit fiscal que exhibe el Gobierno se apoya en la postergación de obligaciones del Estado, como pagos a proveedores y la subejecución de partidas específicas.
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