Comunicado de la Mesa Interbarrial por el nuevo régimen de subsidio de GLP

La Mesa Interbarrial por el tema del GLP, difundió un comunicado en el que reclaman la derogación de los decretos 2112/25 y 505/26, exigen devolver de forma irrestricta el piso de los 450 kg., retrotraer el valor del kilogramo al mes de marzo y un espacio conjunto antes de tomar nuevas decisiones.

MESA DE TRABAJO INTERBARRIAL DE USUARIOS DE GLP-TIERRA DEL FUEGO

La calefacción para los fueguinos no es un lujo, es un derecho humano.

Ante los recientes anuncios del Gobierno Provincial respecto a las modificaciones en el régimen del subsidio para el gas envasado (GLP), las familias y sectores usuarios de este servicio manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las medidas arbitrarias y a los términos difusos con los que se pretende ajustar un derecho vital para los fueguinos.

A través del presente, fijamos nuestra postura y exigimos respuestas claras ante los siguientes puntos:

1. La falsedad del lema "A ninguna familia que lo necesita se le va a recortar". Denunciamos la hipocresía de las declaraciones oficiales. Con la aplicación del Decreto 2112/25, los usuarios ya sufrimos un recorte feroz en el abastecimiento, el cual este nuevo anuncio pretende sostener de forma permanente al consolidar la quita de los 50 kilos históricos. Este nuevo anuncio del gobierno no hace más que ratificar y profundizar de forma permanente la quita de los 50 kilos históricos, transformando una medida de emergencia en un perjuicio estructural para los hogares fueguinos.
2. Falsa mesa de diálogo y desconocimiento de la organización vecinal. Negamos rotundamente que las medidas informadas surjan de una "escucha a los vecinos" de manera consensuada. Llamar a vecinos de forma selectiva, desconociendo la mesa interbarrial constituida, no es un camino de diálogo leal ni sincero con una comunidad organizada. Resulta inadmisible que el Ejecutivo no pueda entablar un canal serio de comunicación, a pesar de las constantes insistencias de la Mesa de Trabajo Interbarrial -votada el pasado 6 de mayo por más de 300 vecinos de todos los sectores- para conformar una mesa de trabajo real y avanzar en un proyecto consensuado, definitivo y aplicable. Inestabilidad institucional: No podemos vivir a merced de un decreto. Quedar a expensas de normativas que el gobierno de turno modifica a sola firma no representa seguridad jurídica ni aporta tranquilidad a los hogares. Las familias no pueden vivir bajo la zozobra constante de la discrecionalidad política. Producto de un análisis pormenorizado, concluimos que son inviables los decretos 2112/25 y 505/26 con sus respectivas resoluciones, por lo cual solicitamos la derogación de los mismos y exigimos un espacio conjunto antes de tomar nuevas decisiones; un mandato vecinal que el Gobierno ha incumplido deliberadamente para imponer un ajuste unilateral.
3. Contradicciones y discrecionalidad en los ingresos y las "Casas de lujo". El anuncio establece un piso de hasta 17 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) para acceder al beneficio, pero esto se contrapone directamente con la introducción del concepto subjetivo de "casas de lujo". Bajo este régimen, un usuario cuyos ingresos sean bajísimos, pero resida en lo que el funcionario de turno considere discrecionalmente una "casa de lujo", perdería el subsidio automáticamente. Exigimos parámetros técnicos y catastrales legales, y no términos ambiguos que dejen a las familias a la buena de Dios.

4. Incertidumbre técnica y legal del Decreto 505/26

El Decreto 505/26 introduce en su artículo 3 conceptos sumamente difusos al hablar de "mayor nivel de urbanización", "servicios básicos existentes" o "implantación definitiva". El texto no define cotas, límites geográficos ni parámetros técnicos de habitabilidad reales. Esta falta de precisión jurídica deja un vacío legal enorme y profundiza la incertidumbre de cientos de familias sobre su futuro y su derecho a la vivienda digna.

Justificación técnica: ¿Por qué exigimos la derogación de los decretos y resoluciones? Para aquellos sectores de la sociedad y de la dirigencia que aún no han analizado el alcance de los textos normativos vigentes, detallamos los tres puntos fundamentales por los cuales resultan inaplicables y destructivos:

Tarifas asfixiantes: Exigimos retrotraer el valor del kilogramo de GLP al mes de marzo, aplicando en adelante únicamente actualizaciones ligadas al índice de inflación real, frenando de este modo los aumentos desmedidos que golpean la economía familiar.

Inviabilidad climática de las conexiones: Forzar la realización de conexiones domiciliarias en este momento del año es un desconocimiento total del territorio. Los trabajos de infraestructura deben postergarse para cuando las condiciones climáticas del deshielo lo permitan, una vez superado el invierno, y no bajo la presión del frío y la veda invernal.

Vacío regulatorio en la transición: Reafirmamos nuestro horizonte en la sanción de una Ley específica. Sin embargo, en el "mientras tanto", la vida y la calefacción de los fueguinos no pueden seguir regidas por el Decreto 2112/25, el Decreto 505/26 ni sus respectivas Resoluciones ministeriales.

5. El recorte encubierto de los 400 kg y la insuficiencia del piso histórico. El anuncio de "adicionar 50 kg sobre los 400 kg otorgados previo informe social" es una falacia. Lo que el Gobierno debe hacer es devolver de forma irrestricta el piso de los 450 kg. Sin embargo, advertimos que, aun recuperando ese volumen, los 450 kg históricos ya no reflejan las necesidades básicas de una familia tipo en nuestra provincia. Esa cantidad resulta insuficiente para garantizar una ducha diaria a todos los integrantes de un hogar y sostener una calefacción continua y mínima durante el crudo invierno fueguino. Condicionar la adición de los kilos restantes a un "informe social" burocrático no es más que una maniobra para dilatar la asistencia y empujar a los vecinos al frío extremo.

6. La inviabilidad del crédito del BTF: Un gobierno ajeno a la realidad

El Ejecutivo insiste de manera irresponsable en la alternativa de un crédito de hasta $8 millones a través del Banco Tierra del Fuego (BTF), omitiendo que:

El Gobierno solo subsidia el 15% de la tasa, obligando al usuario a absorber el 25% restante.

Una conexión de gas natural hoy supera ampliamente los $12 millones, lo que exige que una familia cuente con unos $3 a $4 millones para cubrir la diferencia.

En el actual contexto económico, la enorme mayoría de las familias usuarias son insolventes para calificar a un crédito bancario.

7. Quita de derechos antes de garantizar la infraestructura

Afirman que "promoverá la inversión en infraestructura", pero la realidad inmediata es que primero sacaron los kilos indispensables para subsistir y hoy no tienen una solución de red real para el corto plazo. No se puede ajustar sobre una necesidad básica estacional bajo la promesa de obras futuras. Un llamado a la cordura y a la grandeza política. No se puede reparar algo que está mal desde un principio. Instamos a las autoridades provinciales a reconocer el error. Rectificar el rumbo no es un signo de debilidad, sino un acto de grandeza. Le pedimos al Gobierno la humildad necesaria para deponer las imposiciones unilaterales, sentarse con la Mesa Interbarrial y trabajar en conjunto en una solución real para todos los fueguinos.

MESA DE TRABAJO INTERBARRIAL DE USUARIOS DE GLP-TIERRA DEL FUEGO