El Gobierno nacional oficializó medidas

Tras colocar el reclamo de soberanía en el centro de su agenda, el Gobierno nacional oficializó medidas. Endurece sanciones contra compañías que realicen actividades hidrocarburíferas sin permiso argentino en las zonas marítima que se encuentran en disputa con el Reino Unido y dispuso la reasignación de los recursos monetarios para asistir al Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en todo el territorio.

Mediante el  DNU 867/2026 dispuso la reasignación de los recursos monetarios para  asistir al Ministerio de Defensa. La intención oficial es fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en todo el territorio. Para lograr esta meta, se habilitaron los fondos necesarios que permitirán avanzar con firmeza en la incorporación, modernización y recuperación de diversos medios y de equipamiento táctico, contribuyendo al adecuado cumplimiento de las funciones inherentes a la Defensa Nacional.

El refuerzo de partidas por $521.558 millones para lo que resta de 2026, en el marco de la estrategia oficial para fortalecer capacidades estatales vinculadas con la defensa de los recursos en el área de las Islas Malvinas. El impacto neto sobre el gasto total será de $234.122 millones.

A través del  Decreto 868/2026, endurece las sanciones sobre las empresas que exploten recursos en Malvinas y  agiliza los procesos sancionatorios de la Ley 26.659, de marzo de 2011

El Gobierno dispuso un conjunto de modificaciones normativas orientadas a fortalecer los controles y las sanciones sobre aquellas personas humanas o jurídicas que operen de manera irregular en los territorios marítimos australes en disputa de soberanía.

La normativa establece al  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, como la nueva Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659 y su modificatoria, con el propósito de alinear las acciones administrativas con la estrategia exterior del país.

Instruye a todos los organismos de la Administración Pública Nacional para que informen en un plazo de cinco días hábiles cualquier hecho que configure conductas prohibidas en la Plataforma Continental.

Fija un plazo de diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores constituyan domicilio, presenten su descargo y ofrezcan pruebas tras recibir la notificación formal.