Tras un amparo judicial presentado por una heredera de la familia, el Gobierno porteño dio de baja el llamado a licitación pública para instalar un gift shop con venta de comidas y bebidas al paso en una antigua bóveda del Cementerio de la Recoleta.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anuló la licitación para instalar un gift shop con venta de comidas y bebidas al paso en una antigua bóveda del Cementerio de la Recoleta. La decisión se tomó luego de que la Justicia hiciera lugar este lunes al recurso de amparo presentado por Lucía Girado, una de las herederas de la familia que tenía la concesión del espacio.
El llamado a licitación pública había sido oficializado el 6 de agosto. Preveía la explotación comercial del lugar, ubicado en la Sección 17, Tablón 201, con 24,55 metros cuadrados, por cinco años, con un canon base de $1.600.000.Desde el Ejecutivo porteño señalaron que los 30 propietarios registrados acumulan una deuda de $22.215.070 por mantenimiento entre 2007 y 2026, más $15.587.653 por trabajos de reparación realizados por la Ciudad. Aseguraron haber enviado cartas documento y publicado edictos sin obtener regularización, por lo que declararon la caducidad del permiso siguiendo el procedimiento habitual.
Girado, en cambio, afirmó que intentó regularizar la situación en numerosas ocasiones, pero perdió el rastro de quién figura como titular actual. “Nadie me dijo nada nunca. Vivo a 10 cuadras y voy varias veces al año”, explicó. Reclamó que la bóveda no está abandonada y que los familiares de la lista de notificaciones “están todos muertos”.
La Justicia porteña, tras una inspección realizada en el lugar por orden del juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado N°6 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, ordenó la clausura de la bóveda preventivamente para que no se ejecute ninguna acción en el lugar.
Gallardo constató que los ataúdes de la familia siguen en la bóveda pero, distintos integrantes de la familia denunciaron la falta de algunos de los cajones y que otros fueron “tirados al piso” y destruidos. Todo esto, destacaron, ocurrió después del 13 de agosto, último día que un integrante de la familia Girado visitó el lugar.
Para el amparo presentado por Lucía Girado se indica que, en 2023, la familia había declarado un domicilio específico para notificaciones: “A pesar de tener un domicilio cierto proporcionado por esta parte al pedir informe de dominio en el año 2023, no notificó al mismo valiéndose de la ficción de notificación de edictos para no notificar realmente al interesado”, detalla.
En ese sentido, Lucía agrega: “para emprender un accionar comercial oneroso y lucrativo en un lugar que claramente se encuentra fuera del comercio como bien jurídico (…) el cementerio es un lugar de paz y descanso para sus deudos, no un shopping comercial”.
El panteón, concesionado a perpetuidad en el siglo XIX a la familia oriunda del sur bonaerense, permanecía clausurado. El juzgado contencioso administrativo N°6 admitió el amparo y suspendió cualquier disposición sobre el inmueble.
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