El Gobierno avanza con reforma en el Senado

El Senado debatirá el proyecto de propiedad privada, una reforma que contempla desalojos "exprés” de campos, viviendas, terrenos, la modificación a la Ley de manejo de fuego y registros inmobiliarios. El oficialismo dio marcha atrás a la reforma de la Ley de Tierras.

En la Sesión el primer tema a discutir será el de la habilitación de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama a participar de la sesión de manera virtual. Ambos casos fueron habilitados por la vicepresidenta Victoria Villarruel ad referéndum de la cámara.

Fernández Sagasti cursa más de 32 semanas de un embarazo de riesgo y está imposibilitada de viajar, en avión o por vía terrestre, por decisión médica. En el caso Flavio Fama fue operado la semana pasada en una de sus rodillas y tampoco puede movilizarse por prescripción médica. Ambos senadores pidieron estar presentes de manera virtual en la sesión ordinaria de este jueves.

El dictamen que se tratará este jueves data del 20 de mayo pasado, pero tuvo varias modificaciones. El capítulo de la Ley de Tierras,  fue quitado este miércoles, también previamente se había excluido  la reforma de la Ley de Barrios Populares (RENABAP).

El proyecto modifica normas sobre expropiaciones, regularización dominial, desalojos, registros inmobiliarios y manejo del fuego. La iniciativa busca reforzar las garantías para los propietarios y acelerar los mecanismos judiciales para recuperar inmuebles ocupados.

El texto introduce cambios sustanciales en la Ley de Expropiaciones (21.499), estableciendo que la declaración de utilidad pública deberá ser de interpretación restrictiva e identificar de manera específica el fin perseguido. Además, la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese objetivo.

Uno de los puntos centrales es la redefinición de la indemnización a los expropiados. El proyecto dispone que se tome como referencia el valor de mercado del bien, cuando éste sea determinable, y contempla también los daños directos e inmediatos derivados de la expropiación. Asimismo, incorpora la posibilidad de reconocer lucro cesante cuando esté debidamente acreditado, aunque establece límites para evitar duplicaciones indemnizatorias.

Otro cambio relevante establece que no podrá producirse la transferencia de dominio sin el pago íntegro previo de la indemnización, reforzando así la protección patrimonial de los propietarios.

Otro de los capítulos reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procedimientos de desalojo. La acción podrá ser promovida por cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo afectado y se habilita al juez a ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando exista verosimilitud en el derecho invocado, especialmente frente a intrusos u ocupantes precarios.

También se incorpora la posibilidad de obtener el desalojo anticipado en casos de falta de pago o vencimiento del contrato bajo caución juratoria, al tiempo que se fijan sanciones para quienes obtengan esa medida ocultando información relevante.

La iniciativa contempla, sin embargo, mecanismos de protección para personas vulnerables. Cuando en el inmueble habiten menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos de protección y otorgar un plazo de hasta diez días para procurar una solución habitacional transitoria antes de ejecutar el lanzamiento.

El proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego, elimina algunas restricciones incorporadas en reformas anteriores mediante la derogación del artículo 22 quater de la ley vigente.

La iniciativa impulsa una modernización de los registros inmobiliarios del país. Habilita la presentación digital de documentos con firma electrónica o digital, crea un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, promueve una Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones y prevé el desarrollo de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para centralizar trámites y consultas registrales.

En general aseguran que  las modificaciones apuntan a fortalecer la protección de la propiedad privada, pero algunos sectores  advierten que podría dificultar las políticas de acceso a la tierra y la vivienda o reducir herramientas de intervención estatal en situaciones de interés público.