Mediante la Resolución 12/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó 16 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, los programas de consumo y las importaciones.
La decisión forma parte del proceso de desregulación económica impulsado por la administración de Javier Milei. Según los fundamentos oficiales, varias de las disposiciones eliminadas habían sido dictadas bajo marcos legales que ya fueron modificados o derogados, por lo que dejaron de tener vigencia práctica.
Sostienen que la acumulación de normas durante los últimos años generó superposiciones regulatorias, dificultades de interpretación y mayores costos administrativos para empresas y ciudadanos.
El Gobierno explicó que "en su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”.
Entre las medidas derogadas se encuentra la eliminación de la obligación que tenían los establecimientos educativos privados de solicitar autorización estatal antes de aplicar aumentos en las cuotas escolares. A partir de ahora, las instituciones podrán definir esos incrementos sin la necesidad de una aprobación previa por parte de las autoridades.
Figuran resoluciones vinculadas al control de precios de determinados productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización para importaciones, programas de fomento al consumo y medidas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
Según explican las disposiciones eliminadas habían sido dictadas al amparo de marcos regulatorios que fueron modificados o derogados, entre ellos la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y la ley que creó el Observatorio de Precios, por lo que "han perdido su objeto y aplicabilidad". Se suprimen normas que otorgan beneficios particulares a determinados sectores o actividades, bajo la premisa de evitar distorsiones y desigualdades dentro de un mismo ámbito.
Desde Nación sostiene que se busca reducir la cantidad de normas vigentes para facilitar su conocimiento y cumplimiento, tanto para ciudadanos como para empresas.
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