Con la lectura de la acusación contra Miguel Arana y Carlos Córdoba por 22 hechos de presunta estafa, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur inició el juicio oral y público por presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales destinadas a afiliados de ATE. Hay un operativo especial de seguridad en la zona de Tribunales.
Los imputados Miguel Arana y Carlos Córdoba están acusados por 22 hechos de presuntas maniobras defraudatorias relacionadas con el programa de 128 viviendas ubicado en Barrancas del Río Pipo.
Según la acusación, habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos, entre ellas empleados estatales y afiliados al gremio, recibiendo a cambio dinero, vehículos, cheques y otros bienes.
De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían concretado mediante el aprovechamiento de funciones gremiales, gestiones ante organismos públicos y la presentación de listados de postulantes que presuntamente no correspondían al universo legítimo de beneficiarios.
En tanto, el tercer imputado Eric Moscoso Panozo es juzgado por el delito de lavado de activos. De acuerdo a la acusación fiscal, habría adquirido maquinaria vial con fondos provenientes de las maniobras investigadas, que alcanzarían más de 8 millones de pesos y 52 mil dólares.
El Tribunal estará presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, con vocalías de los Dres. Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
El Ministerio Público Fiscal será representado por el Dr. Daniel Curtale.
La defensa de los imputados estará a cargo del Defensor Público Dr. José María Fernández López, la Dra. Marisel Banegas y el Dr. Rodrigo Guidi.
Por su parte, la querellante Daniela Soledad Tapponier participará del juicio con el patrocinio letrado del abogado Enrique Hernández Arriagada, en tanto que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) lo hará representado por su equipo de abogados.
Para el desarrollo del debate está prevista la convocatoria de alrededor de 90 testigos, aunque la cifra todavía debe ser confirmada.
Durante el juicio se dispuso un operativo especial de seguridad, estará restringido el acceso vehicular y la circulación en las calles que rodean el edificio judicial: 8 de Noviembre, Isla San Pedro, Manuel Garea y Congreso Nacional.
En ese marco, quienes deban asistir a Tribunales deberán tener en cuenta que no podrán utilizar los espacios de estacionamiento ubicados dentro del perímetro afectado por el operativo.
El control y cumplimiento de las medidas de seguridad estará a cargo de efectivos de la Policía Provincial.
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