La Justicia ordenó suspender la cautelar que obligaba al Ejecutivo a girar fondos a las universidades nacionales, tras un planteo del Gobierno para elevar el caso a la Corte Suprema. La medida, que frena la ejecución de partidas para salarios y becas, será apelada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al considerarla carente de sustento jurídico.
El Juez de 1ra. Instancia Martín Cormick decidió suspender provisoriamente la ejecución de las acciones iniciadas por las universidades “para obligar al Gobierno Nacional a pagar la deuda salarial para docentes y NODOCENTES, de presupuesto y de becas estudiantiles”, establecidas en los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795.
La decisión fue adoptada por el juez a la espera de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución alcanza a los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 , que establece la recomposición de salarios docentes y nodocentes, así como la actualización de partidas presupuestarias y becas estudiantiles.
La medida responde a un pedido del Poder Ejecutivo, que el pasado 17 de abril presentó un recurso federal extraordinario para llevar el caso al máximo tribunal. Ese planteo se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III, que deberá definir si habilita la instancia ante la Corte.
Desde el CIN aclararon que la nueva resolución no implica una definición de fondo y anticiparon que será apelada. “Mientras tanto lo vamos a recurrir”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la discusión central —la constitucionalidad y aplicación de la ley— sigue abierta.
Desde el Consejo explicaron que la medida no es definitoria y que la cámara aún debe resolver si autoriza o no al PEN a ir a la corte.
La secretaria general del CONADU, Clara Chevalier, fue crítica con la decisión judicial. "Es un guiño al Gobierno, sin resolver la cuestión de fondo. No definió si corresponde que la cautelar llegue a la Corte, pero sí le dio efecto suspensivo", sostuvo
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