La Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina y la Asociación Foro Ecologista de Paraná, presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la nueva Ley de Glaciares al considerar que la reforma pone en riesgo la fuente de subsistencia de la vida en la Patagonia.
Con esta presentación, se busca que la Justicia pase de una actitud reactiva a una preventiva y estructural, estableciendo guardianes legales para la criosfera y obligando a los gobiernos a rendir cuentas sobre la gestión del riesgo ambiental en el sur argentino.
La acción de amparo ambiental colectivo de alcance estructural es dirigida contra el Estado Nacional y las provincias de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La demanda busca una tutela urgente frente a la crisis ígnea y la degradación ecosistémica que amenaza de forma crítica a la región patagónica. El art. 41 de la Constitución Nacional impone al Estado el deber indelegable de proteger el ambiente y preservar los recursos naturales. La criosfera constituye un componente esencial del sistema climático, cuya degradación afecta directamente el equilibrio ambiental y los derechos fundamentales.
El objeto de la presentación es exigir que la Justicia ordene de manera inmediata la implementación de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo. Ante la frecuencia y voracidad de los incendios masivos, los demandantes sostienen que las políticas actuales son insuficientes para proteger el sistema ecológico, hídrico y climático de la región.
Puntos clave del amparo:
Un reclamo por la vida y el ecosistema
La acción judicial subraya que la Patagonia se encuentra en un contexto de emergencia climática que requiere una respuesta coordinada y no parches aislados. Los demandantes solicitan que la Corte Suprema mantenga la jurisdicción sobre el caso para realizar un seguimiento periódico y efectivo del cumplimiento de las medidas que se ordenen.
"No estamos solo ante una crisis de incendios, sino ante un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental que pone en riesgo el futuro de nuestra biodiversidad y nuestras fuentes de agua", señalaron los impulsores de la medida.
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