El Banco Mundial cuestionó el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Lo calificó como una “política industrial fallida” que genera un costo fiscal de 1.070 millones de dólares anuales.
La definición del organismo forma parte del informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe. Sostiene que si bien las políticas industriales requieren tiempo para que las empresas acumulen capacidades, “el apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia (cláusulas de caducidad) puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial”.
A pesar de rescatar la idea original de la política industrial, expresan que el régimen de promoción fueguino “es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”.
Señalan que “su estructura de incentivos mal concebida ha generado un costo fiscal sustancial para el gobierno argentino, estimado en US$1.070 millones anuales, sin lograr mejoras tecnológicas o de productividad significativas”.
El Banco Mundial dice identificar dos fallas fundamentales en la estructura del régimen que distorsionan el mercado. En primer lugar, las exenciones arancelarias, señalando que las empresas en la isla importan insumos sin pagar derechos de importación, lo que les otorga una ventaja artificial de costos sobre cualquier productor en el continente.
Y luego menciona que el “sistema busca premiar la creación de valor local, pero en la práctica las empresas generan "poco o ningún valor agregado real".
Aseguran que “la combinación de estos incentivos alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de derechos y revenderlos al continente a precios más altos, al tiempo que reclaman los beneficios fiscales asociados”.
Asimismo, afirman que “las empresas involucradas son viables principalmente gracias a las importantes transferencias fiscales más que a los aumentos de su productividad o capacidad tecnológica”.
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