Nación disolvió el PROCREAR y transfirió viviendas inconclusas a las Fuerzas de Seguridad

La resolución oficializa el cierre del programa y la entrega de unidades inconclusas a efectivos de las Fuerzas de Seguridad. En el caso de 160 departamentos del edificio Sagol, ubicado en Avellaneda las viviendas, originalmente ya habían sido sorteadas por el programa Procrear y adjudicadas a distintas familias.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó la entrega de unos 160 departamentos del edificio Sagol, ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda, a las fuerzas federales. Las viviendas, originalmente, habían sido sorteadas por el programa Procrear y adjudicadas a distintas familias, por lo que la decisión despertó una fuerte indignación y repudio.

Mediante a Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el día lunes, se ordena la liquidación del Fondo Fiduciario Público Procrear y el traspaso de inmuebles no asignados a obras a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con destino final a las fuerzas federales.

También quedó establecida la gestión de los créditos activos a cargo del Banco Hipotecario, que podrá mantener la cobranza y transferir los fondos recaudados al Tesoro Nacional, descontando sus honorarios.

Además, la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio podrá instruir al banco a vender carteras con índices de cobranza inferiores al 40%, mientras que asumirá la representación del Estado en las causas judiciales vinculadas al plan.

Unas 160 viviendas del edificio Sagol, en Avellaneda, ya habían sido sorteadas y adjudicadas a vecinos. El dirigente local Armando Bertolotto denunció que “como en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles” y agregó que se trata de departamentos “a estrenar que se les arrebatan a quienes fueron sorteados legítimamente”.

La medida se enmarca en el Decreto 1018/2024, que establecía la disolución del fideicomiso Procrear, y avanza sobre su liquidación total, incluyendo la venta o restitución de bienes a provincias y municipios. Este paso no sólo termina con un programa de Primera Vivienda emblemático de la última década, sino que favorece la redistribución de bienes estatales en favor de los cuerpos de seguridad.