El bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF) propone la creación del Ente Regulador de Servicios Públicos (EURE), una iniciativa que ya había sido presentada en la gestión legislativa de 2018. El legislador Pablo Villegas afirmó que “es imperativo contar con una regulación seria y profesional de los servicios públicos para proteger los derechos de los usuarios”
Desde la bancada afirmaron que “ante la crisis energética que afecta gravemente a Ushuaia, con prolongados y extraordinarios cortes en el suministro de energía eléctrica en pleno invierno, se tomó la decisión de volver a presentar un proyecto de Ley vital para la creación del Ente Único Regulador de Servicios Públicos (EURE)”.
Es dable recordar que en la sesión legislativa del 24 de mayo de 2018, la bancada presentó un proyecto de ley para la creación del EURE. El texto establece un marco legal regulatorio para las empresas que prestan servicios públicos en la Provincia. “Este órgano administrativo garantizaría que los usuarios reciban servicios de calidad, acordes a las tarifas pagadas”, afirmó el Parlamentario.
En tanto el Legislador sostuvo que las Comisiones permanentes donde había sido girada esa iniciativa, no la abordaron “lamentablemente y caducó tras el plazo reglamentario,” explicó. “Hoy, la realidad que vivimos en Ushuaia con los prolongados cortes de luz, nos obliga a insistir con un proyecto de Ley de similar contenido y alcance.”
A diferencia del proyecto anterior, el nuevo incorpora un vecino en calidad de usuario de servicios públicos, como miembro del directorio del EURE. Explicó que con esa figura se busca visibilizar la participación ciudadana en la supervisión y regulación de los servicios públicos.
Este organismo, busca regular servicios esenciales como la energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales, y asi garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad para todos los fueguinos. Además, se ocupará de dictar normativas, aplicar sanciones, resolver disputas y supervisar planes de mejora y expansión de los servicios.
Villegas destacó la urgencia de su implementación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tierra del Fuego. “Es imperativo contar con una regulación seria y profesional de los servicios públicos para proteger los derechos de los usuarios y garantizar que reciban servicios de calidad,” concluyó.
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