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Actualidad Sáb. 30 Dic. 2017

Investigan por administración fraudulenta al Ministro Etchevehere

Investigan por administración  fraudulenta  al Ministro Etchevehere
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La Justicia investiga a Etchevehere por supuesta administración fraudulenta. El ministro de Agroindustria de la Nación, junto a dos de sus hermanos y su madre son investigados en la causa por estafa que les inició su hermana. Hubo operativos en Paraná. El funcionario fue citado a indagatoria para el 27 de febrero próximo.

La Justicia  ordenó una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación penal  por la supuesta administración fraudulenta en las empresas de las que es socio el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere.
 
Los   procedimientos se desarrollaron en la administración de El Diario, en cuya firma editora, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), el ministro Etchevehere y su familia tienen el 40% del paquete accionario, en el domicilio de la empresa Construcciones del Paraná SA, en la que participa como socio Etchevehere, que coincide con su domicilio particular, en calle Los Vascos 811.
En el domicilio, el personal requirió la entrega de los libros de una de las sociedades de su familia, Construcciones del Paraná.  Según se indicó, no fue necesario un allanamiento del inmueble perteneciente a Etchevehere porque allí fueron entregados voluntariamente los libros requeridos.
 
Los fiscales  además  solicitaron  la indagatoria del actual ministro, en esta causa por administración fraudulenta que se inició en 2011 y que involucra a toda su familia,  finalmente fue convocado para el 27 de febrero próximo.
 
El pedido de indagatoria alcanza también a otro funcionario nacional, Juan Diego Etchevehere, hermano del ministro y delegado en Paraná del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); a Arturo Sebastián Etchevehere, el cuarto hermano, y a la madre de todos ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.
 
La causa en  que se  investiga  el  supuesto delito de administración fraudulenta se inició a partir de una denuncia que formuló  la hermana del ministro, Dolores Etchevehere, contra sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, más su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.   Los acusaba de haber pedido dos créditos, en el Banco Itaú y en el Banco Nación, a tasa subsidiada, para destinarlos a actividades productivas, pero que al final fueron utilizados en provecho de los propios socios de la empresa Las Margaritas SA. En esa firma son socios todos los Etchevehere, incluida Dolores, que asumió un compromiso financiero sin estar de acuerdo ni haber recibido ningún beneficio.

La Justicia entreriana avanzó  en la investigación y observaron las sospechosas maniobras de vaciamiento en la empresa editora de El Diario.  Según los fiscales, "existen indicios suficientes que surgen tanto de la denuncia en cuestión, como de la Resolución de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos – Ministerio Público Fiscal de la Nación) que diera inicio a las actuaciones ya citadas radicadas en el Juzgado Federal de Paraná, de que contemporáneamente a que los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A., de la cual la denunciante no es socia, y a la que fueron transferidos – mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras – numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de desapoderarla o, como comúnmente se dice, `vaciarla´".
 
"La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente.
 
Como  los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente Construcciones del Paraná S.A. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades", indica el requerimiento fiscal.




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