Nacional Mar. 14 May. 2019

Corte pidió expediente de obra pública

Corte pidió expediente de obra pública
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La Corte Suprema de Justicia, con el voto de cuatro jueces y la abstención de Rosenkrantz, pidió el expediente al Tribunal Oral Federal 2, que juzgará a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública, para “analizar” pedidos y reclamos de las defensas de los imputados.

 
Esta resolución de la Corte retrasaría el primer juicio a Cristina por corrupción, previsto para el 21 de mayo. Desde la Corte explicaron que esta medida evitaría futuros pedidos de nulidad en caso de que haya sentencia. Sin el expediente principal, el TOF 2 no estaría en condiciones de empezar el juicio oral.
 
Según explicó  lo hizo para ordenar una causa llena de recursos y planteos que podrían llevar a varios pedidos de nulidad a lo largo del juicio.  Es muy posible que esta decisión lleve a una demora del comienzo del juicio de la causa conocida como "Vialidad". Pero las fuentes judiciales señalaron que de este modo se evitarán futuras presentaciones de nulidades, como ocurrió en las causas contra Fernando De la Rúa y Carlos Menem, cuando tuvo que anular sentencias por nulidades de procedimientos.
 
 La causa tuvo una serie de recursos y planteos. La semana pasada, uno de los acusados reclamó al tribunal que lo autorice por 15 días a internarse en un sanatorio de la provincia de Misiones para realizar "un programa de rehabilitación, desintoxicación y acompañamiento espiritual".

Ademas está el de una pericia sobre toda la obra pública licitada en los tres gobiernos kirchneristas. Además, sostienen que, en el transcurso de la investigación, las decisiones del juez instructor Julián Ercolini revisadas luego por la Cámara Federal porteña después cayeron en dos salas distintas de la superior Cámara de Casación: la IV y la I. Esto vulneraría el derecho a la defensa de los acusados. En tercer lugar, reclaman por la unificación del reclamo civil iniciado por "Vialidad" con el juicio penal, algo que fue rechazado en la sala IV de Casación.
 
La acusación es por supuesta concesión irregular de obra pública para la provincia patagónica de Santa Cruz a las empresas de Báez durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

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