Actualidad Mar. 19 Jul. 2011

Proponen que obispos y arzobispos presenten declaraciones juradas

Proponen que obispos y arzobispos presenten declaraciones juradas
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El diputado neuquino Hugo N. Prieto presentó un proyecto que de aprobarse pondrá el ojo sobre arzobispos, obispos, obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado. La normativa propone que los arzobispos, obispos, y el secretario general del Episcopado sean incluidos dentro de los \"funcionarios públicos\" que deben presentar sus \"declaraciones juradas\", para lo cual se prevén modificaciones a la ley 25.188 de Ética Pública.

El diputado nacional por Neuquén recordó que las diferentes normativas de sostenimiento económico hacia la Iglesia que fueron sancionadas en los últimos años indican que "con excepción del decreto 1216/03, todas ellas fueron emitidas bajo gobiernos militares". "El 90 por ciento de las leyes que estipulan algún tipo de financiamiento a la Iglesia Católica tienen origen en dictaduras militares, es decir, no son estrictamente leyes", aseveró Prieto.
Y añadió que lo que se intenta es que "del mismo modo que numerosos funcionarios estatales, que por el hecho de cobrar un sueldo del Estado deben presentar sus declaraciones juradas, los funcionarios eclesiásticos que cobren sueldos provenientes de fondos públicos también las deban presentar".
Por ejemplo, la ley 21540, sancionada el 25 de febrero de 1977, estableció que los arzobispos y obispos debían recibir una jubilación equivalente al 70% del sueldo de un juez nacional de primera instancia. Dos años después, la ley 21950 subió el sueldo de los mismos dirigentes religiosos -en ejercicio- al 80 por ciento de un juez nacional de primera instancia.
El proyecto de ley presentado por Prieto, ya ingresado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y a la de Relaciones Exteriores y Culto, estipula un plazo de 30 días para que los funcionarios eclesiásticos que estén actualmente en funciones presenten sus declaraciones juradas. El plazo es el mismo que al momento de sancionarse la Ley de Ética Pública se dispuso para que los funcionarios que se encontraban en funciones presentasen sus declaraciones.
Prieto manifestó que esto es sólo un primer paso ya que en algún momento debiera analizarse si una disposición como el artículo 2 de la Constitución Nacional es compatible con una idea fuerte de igualdad ya que sólo se financia uno de los tantos credos religiosos. Quizás debiera discutirse si la misma idea de financiamiento a credos religiosos no implica un trato desigualitario hacia quienes no profesan ningún culto institucionalizado. No obstante el avance igualitario de este proyecto es mucho menos ambicioso”, aseguró




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