Gobierno aceptó suspender los plazos procesales por 30 días para buscar una vía de dialogo
El Gobierno provincial aceptó la propuesta de suspender los plazos procesales por un lapso no mayor a 30 días, de la acción declarativa de certeza planteada ante el Superior Tribunal de Justicia para determinar los alcances de la ley 648; y convino a la vez con los municipios buscar una vía de diálogo estableciendo una agenda de trabajo conjunto para resolver el diferendo.
El acuerdo fue rubricado por la Gobernadora Fabiana Ríos, los intendentes Federico Sciurano y Gustavo Melella y el representante de la comuna de Tolhuin, el Secretario Legal y técnico Gastón Cervetti, en la audiencia de partes que tuvo lugar este lunes en la sede del Superior Tribunal.
Tras la exposición de cada una de las posturas, desde la Justicia plantearon la posibilidad de conciliar los intereses entre la Provincia y los municipios por fuera de la vía judicial a través del dialogo, a lo que los intendentes respondieron que ese ámbito de dialogo con el Ejecutivo se viene dando en la actualidad y que existe la voluntad de llegar a un acuerdo, por lo que consideraron apropiado suspender el proceso a los fines de hallar una salida al conflicto.
Dicho esto, la Jueza María del Carmen Battaini mencionó la factibilidad de establecer un periodo con suspensión del trámite procesal y los plazos de la causa para facilitar las conversaciones entre las partes, ofrecimiento que aceptó la Gobernadora Ríos. Ese plazo no deberá superar los 30 días, fijando además una agenda de trabajo para la elaboración de propuestas que sean beneficiosas para las partes.
El Superior Tribunal de Justicia avaló el acuerdo y ordenó la suspensión de los plazos procesales, fijando una nueva audiencia para el próximo 3 de julio a las 14 horas.
Para la Gobernadora Fabiana Ríos, el resultado de la audiencia fue “sumamente positivo”, dado que “el Tribunal habilitó la posibilidad de un canal de dialogo independientemente de la cuestión relacionada con la acción declarativa de certeza. Así que de común acuerdo, nos hemos dado un plazo de hasta 30 días para establecer una agenda de trabajo conjunto que satisfasga a las partes, y luego volver a la Justicia para ver si este plazo rindió los frutos que esperamos, lo que dependerá de cada uno de nosotros”, manifestó.
La Mandataria explicó además que más allá de la acción declarativa de certeza, “hay otras situaciones que deben ser discutidas con los municipios en un ámbito diferente al del Poder Judicial, que es el ámbito político. En función de esto esperamos las propuestas, y de esas propuestas derivaremos en acciones conjuntas de aquí al 3 de julio”.
La Gobernadora desmintió también las versiones periodísticas que acusaban al Ejecutivo de querer “presionar” a la Justicia para obtener un fallo a su favor.
“Es muy particular la lectura que hacen los medios cuando la única declaración que hizo el Jefe de Gabinete, fue decir a que aspiraba el Gobierno de la provincia”, sostuvo Ríos. “De hecho –añadió- cualquier persona que realiza una presentación judicial es porque entiende a prima facie que hay un derecho vulnerado o con posibilidades de serlo. Si se supusiera que esto no es así, no lo presentaría, y el Jefe de Gabinete lo que dijo fue ésta obviedad. Si eso es interpretado como una presión, yo invito a todos a que miremos hacia atrás cuales fueron las declaraciones”, manifestó finalmente.
La Mandataria asistió a la audiencia acompañada por el Jefe de Gabinete Guillermo Aramburu y el Ministro de Economía, Christian Ruiz.
Tras la exposición de cada una de las posturas, desde la Justicia plantearon la posibilidad de conciliar los intereses entre la Provincia y los municipios por fuera de la vía judicial a través del dialogo, a lo que los intendentes respondieron que ese ámbito de dialogo con el Ejecutivo se viene dando en la actualidad y que existe la voluntad de llegar a un acuerdo, por lo que consideraron apropiado suspender el proceso a los fines de hallar una salida al conflicto.
Dicho esto, la Jueza María del Carmen Battaini mencionó la factibilidad de establecer un periodo con suspensión del trámite procesal y los plazos de la causa para facilitar las conversaciones entre las partes, ofrecimiento que aceptó la Gobernadora Ríos. Ese plazo no deberá superar los 30 días, fijando además una agenda de trabajo para la elaboración de propuestas que sean beneficiosas para las partes.
El Superior Tribunal de Justicia avaló el acuerdo y ordenó la suspensión de los plazos procesales, fijando una nueva audiencia para el próximo 3 de julio a las 14 horas.
Para la Gobernadora Fabiana Ríos, el resultado de la audiencia fue “sumamente positivo”, dado que “el Tribunal habilitó la posibilidad de un canal de dialogo independientemente de la cuestión relacionada con la acción declarativa de certeza. Así que de común acuerdo, nos hemos dado un plazo de hasta 30 días para establecer una agenda de trabajo conjunto que satisfasga a las partes, y luego volver a la Justicia para ver si este plazo rindió los frutos que esperamos, lo que dependerá de cada uno de nosotros”, manifestó.
La Mandataria explicó además que más allá de la acción declarativa de certeza, “hay otras situaciones que deben ser discutidas con los municipios en un ámbito diferente al del Poder Judicial, que es el ámbito político. En función de esto esperamos las propuestas, y de esas propuestas derivaremos en acciones conjuntas de aquí al 3 de julio”.
La Gobernadora desmintió también las versiones periodísticas que acusaban al Ejecutivo de querer “presionar” a la Justicia para obtener un fallo a su favor.
“Es muy particular la lectura que hacen los medios cuando la única declaración que hizo el Jefe de Gabinete, fue decir a que aspiraba el Gobierno de la provincia”, sostuvo Ríos. “De hecho –añadió- cualquier persona que realiza una presentación judicial es porque entiende a prima facie que hay un derecho vulnerado o con posibilidades de serlo. Si se supusiera que esto no es así, no lo presentaría, y el Jefe de Gabinete lo que dijo fue ésta obviedad. Si eso es interpretado como una presión, yo invito a todos a que miremos hacia atrás cuales fueron las declaraciones”, manifestó finalmente.
La Mandataria asistió a la audiencia acompañada por el Jefe de Gabinete Guillermo Aramburu y el Ministro de Economía, Christian Ruiz.
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