“La finalidad de las conductas es clara: utilizar las funciones en el Estado, para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos”, sostiene la denuncia presentada por Lucas Schaerer, miembro de la Fundación.
 
La imputación contra los legisladores ocurre luego de que un informe periodístico reveló  que Cambiemos utilizó el nombre de cientos de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña.
 
En un extenso trabajo de investigación  se pudieron comprobar al menos 205 casos, correspondientes solo a Quilmes y otros partidos de la zona Sur y Oeste del Gran Buenos Aires, aunque los mismos podrían multiplicarse y extenderse a lo largo y a lo ancho de todo el país.
 
Al cruzar la base de datos de los titulares de Argentina Trabaja y Ellas Hacen en esos distritos (2016), correspondientes al ministerio de Desarrollo Social, con el informe remitido ante la Justicia Electoral por parte de la alianza Cambiemos, se encontraron una enorme cantidad de coincidencias de documentos y personas: todos aportaron a la campaña de Bullrich y de Ocaña por separado, con pequeñas sumas de dinero, que van desde los $300 a los $1500, donde, solo hasta el momento, este medio pudo identificar casi 300 mil pesos blanqueados mediante este perverso método.