Nacional Ju. 20 Jul. 2017

Presentan denuncia penal contra Mauricio Macri y Marcos Peña

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El abogado constitucionalista "Eduardo Barcesat" presentó este jueves una denuncia penal con el objetivo de evitar el acuerdo entre el Gobierno Argentino y la empresa estadounidense Hughes para cederle la representación mayoritaria de la creación y utilización del Arsat 3.
Pretende que se sancione al presidente Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete Marcos Peña y al ex ministro de Comunicación y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad.
 
Barcesat,  radicó  la denuncia que elaboraron con  los integrantes del Instituto Arturo Enrique Sampay respecto a la “negociación de entrega de nuestro saber científico y tecnológico en Arsat a favor de una empresa extranjera resignando la mayoría de capital y la banda geoespacial de propiedad exclusiva del Estado nacional y que integra nuestra soberanía comunicacional".
 
El abogado aclaró que "esto tiene que hacerse previa autorización del Congreso de la Nación, con los dos tercios de sus miembros" y en la carta de intención no está previsto.
 
"Frente a este acto colonialismo científico y tecnológico hemos radicado esta denuncia que abarca al presidente de la Nación, al Jefe de Gabinete, al ex ministro de Comunicación Oscar Aguad y a los dos directivos de Arsat que han firmado la carta de intención", continuó Barcesat.
 
Según detalló, la carta de intención "está sometida a la jurisdicción del estado de Nueva York de manera que también se ha resignado la soberanía legislativa a pesar de ser un contrato de total cumplimiento en territorio argentino".
 
La denuncia fue radicada en el Juzgado Número 3 a cargo del doctor Daniel Rafecas y "esperamos que prontamente se suspenda la actividad para llevar adelante esta carta de intención y que sean sancionados penalmente los actores y partícipes de esta iniciativa", enfatizó el constitucionalista.
 
Como aún no se concretó el acuerdo, la presentación es "en grado de tentativa" pero justificó su presentación judicial en que "como está bajo jurisdicción del estado de Nueva York, la carta de intención genera obligaciones".
 
Como dato curioso Barcesat comentó que "la empresa Huges pone como un paso a cumplir la autorización del gobierno de Estados Unidos, mientras que la parte Argentina, que está taxativamente obligada por Ley a requerir la previa autorización del Congreso, no hace mención alguna", por lo que dedujo que "sumisión y entrega mayor no pueden ni en un ejercicio de ciencia ficción imaginarlo".
 
Por último dijo que "el Congreso tendría que haber tomado cartas en el asunto" por lo que reclamó que "salga del letargo al que nos tiene acostumbrados y ejerza las incumbencias constitucionales que le han sido otorgadas".

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