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Nacional Jue. 12 Oct. 2017

La Comisión de Derechos Humanos de Diputados se reunió en Esquel

La Comisión de Derechos Humanos de Diputados se reunió en Esquel
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La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación sesionó ayer, a las 19, en Esquel. Los legisladores se reunieron con el detenido mapuche Fernando Jones Huala. También se reunirán con el juez federal Gustavo Lleral, para conocer cómo avanza la búsqueda de Santiago Maldonado.

 
En la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel (SOEME) se reunió ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Victoria Donda. Fue con el objeto de interiorizarse de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto durante un operativo de represión que ejecutó Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Cushamen, en las tierras ocupadas por el Grupo Benetton.
 
Victoria Donda, presidenta de la Comisión, Juan Carlos Giordano y el fueguino Oscar Martínez, entre otros diputados; participaron de las actividades en la ciudad de Esquel.
 
En dialogo con FM Tiempo de Esquel, el diputado nacional por Chubut, Santiago Igón, calificó el encuentro como histórico y detalló que el martes se realizó una reunión de la Comisión de Derechos Humanos para ajustar detalles del temario para abordar en esa localidad.
 
Además, los legisladores visitaron, a las 15, al líder mapuche Facundo Jones Huala, quien se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, a la espera de que se resuelva su situación por el pedido de extradición a Chile; a pesar que fue sobreseído en las causas que le imputaban.
 
 
Hay que recordar que antes de presentar el proyecto para que se constituya la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja del Congreso, le consultaron a la familia de Santiago Maldonado sobre su postura y ellos comunicaron que “era necesario”, con la única condición de que la convocatoria se hiciera después de que se levantara el secreto de sumario.
 
 
El parlamentario fueguino, Oscar Martínez, remarcó en su momento la importancia de desarrollar estas actividades trasladándose al lugar “donde sucedieron los hechos, donde desapareció Santiago Maldonado –por evidente responsabilidad del Gobierno nacional y la Gendarmería- y donde tenemos que estar, para reclamar el esclarecimiento de lo sucedido y el juicio y castigo para los responsables”. Además respaldó “los justos reclamos del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios, por las tierras que les pertenecen”.
  
Paralelamente, en medio de una protesta de organizaciones de pueblos indígenas que se concentró en la puerta del Congreso, un plenario de la Cámara de Diputados dio este martes dictamen favorable al proyecto de ley que prorroga por cuatro años la suspensión de los desalojos de tierras donde habitan comunidades originarias.
 
 
En paralelo a la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal; Presupuesto y Hacienda; y Población y Desarrollo Humano, los representantes de pueblos originarios presentaron un petitorio en el que exigieron que la iniciativa sea tratada en sesión antes de las elecciones del próximo 22 de octubre.
 
En el Senado, la iniciativa que prorroga los efectos de la ley 26.160 fue aprobada por unanimidad el 27 de septiembre pasado, pese a los intentos previos del oficialismo por acotar el plazo de extensión a dos años.
 
La normativa fue sancionada en 2006 y estableció la suspensión por cuatro años de los desalojos, hasta que se terminara el relevamiento catastral de las tierras que históricamente ocupan los pueblos originarios, pero esa tarea nunca culminó.
 
Ante esa demora, los efectos de la norma fueron prorrogados por cuatro años más en dos oportunidades y vencían el 23 de noviembre próximo, lo que obligó al Congreso a fijar una nueva extensión del plazo en medio del escándalo por la desaparición del joven Santiago Maldonado tras participar de una protesta sobre la ruta 40 de la comunidad Pu Lof en Chubut.
 
Según un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hay 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento completado.
 
La diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti recordó el reconocimiento constitucional de la "preexistencia" ancestral de los pueblos originarias y su derecho a la propiedad comunitaria y, en línea con lo expresado por los referentes indígenas, reclamó que "se defina la fecha en que se va a dar sanción (definitiva) a la ley".
 
El presidente de la comisión de Legislación Penal, Daniel Lipovetsky, aclaró a los presentes que no depende de él la resolución de la fecha, aunque prometió que se logrará la sanción "antes del vencimiento de la prórroga".
 
"A esta ley se le va a dar sanción antes de que se venza la prórroga. Ahora, las sesiones no las convoca el presidente de ninguna de las comisiones. Queremos que esta ley se sancione lo antes posible para que esté vigente antes del vencimiento de la prórroga", explicó.
 
Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular) sostuvo que la nueva prórroga es "fruto de la lucha" de las organizaciones aborígenes y no el "resultado de una actitud comprensiva de las actuales autoridades del Gobierno nacional".
 
"Desde noviembre del 2016 se ha frenado el tratamiento a pesar de que había un dictamen de la comisión de Población y Desarrollo Humano. También se trató por todos los medios de reducir los plazos a dos años", señaló, en referencia al intento frustrado del bloque de Cambiemos en la Cámara de senadores de acotar los tiempos de la prórroga.
 
El diputado del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano recordó que "esta ley que votada hace 11 años y no se cumple", y puso como ejemplo que tan sólo se lleva relevado el 30 por ciento de las comunidades indígenas.

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